El Proyecto de Ley Orgánica afectará al Régimen electoral general, y su novedad radica en que los programas electorales de los diferentes partidos políticos serán considerados como contratos directos e ineludibles entre los electores y los políticos elegidos. Por lo que sus clausulas y propuestas deberán traducirse en iniciativas legislativas y normativas, cuya omisión o incumplimiento acarreará la pérdida de la condición de diputado, senador, alcalde, presidente autonómico, ministro o cualquier otro cargo electo, que hubieren llegado a ostentar, como resultado de un programa electoral fraudulento o infiel con sus verdaderas intenciones ejecutivas.
El borrador observa que ante cualquier denuncia popular avalada por 100 mil firmas o ante la acusación formal de cualquier grupo de la oposición, se formalizará la creación automática de una comisión de investigación independiente, quien por vía administrativa y urgente dará respuesta y veredicto en menos de un mes. Las consecuencias para el infractor individual, también contemplan la devolución integral y con intereses de los emolumentos percibidos hasta la fecha, la inhabilitación para cargo público de por vida, y en los casos más flagrantes, llegar a tener la obligación de trabajar como barrenderos en la localidad de origen durante el resto de la legislatura.
Sí la infracción la produjere un presidente del Gobierno, o un número superior a la docena de los integrantes del partido en el poder, se disolverían las cortes y en un plazo no superior a 3 meses se convocarían elecciones generales.
La iniciativa legislativa llegará, tras el verano, al Congreso en la apertura del nuevo curso legislativo. Fuentes oficiosas de “Podemos” ya la critican abiertamente, por suponer, para ellos, puro populismo y arrebatarles uno de los puntos estrella de su futuro programa electoral.
