Los representantes públicos, como tales, no pueden negarse a contestar ante la voz pública que representan los diferentes medios de comunicación. Éste, afirmó Gallardón, es el espíritu que le ha movido a proponer la norma legal que se avecina. “Me llegaba a dar vergüenza ajena constatar, -especificaba- cómo, miembros de mi partido o de la oposición, seguían su camino despreciando las preguntas que los medios a su paso les lanzaban. Por lo que supone de falta de tacto, respeto y símbolo de prepotencia, ante los representantes informativos del pueblo, que es a quien debemos dar siempre cuentas y sobre todo mostrar la más escrupulosa de las deferencias.”
La nueva norma recoge también, que en todas las comparecencias públicas, tanto del gobierno estatal, como de las diferentes administraciones regionales o locales, los políticos, no podrán dirigir los turnos de preguntas, ni vetar a ningún medio que no consideren afín. Como en ocasiones ocurría con los reporteros más críticos, que en muchas de las ocasiones, no podían formular pregunta alguna, como solía ocurrir con el desaparecido periódico Público, en las ruedas de prensa de Moncloa o del Congreso.
Las multas tendrán en cuenta el sueldo mensual del político que las infrinja, y variarán desde la menor de un mes, por una respuesta que no se ciña a la pregunta efectuada, agravándose según sean por rodeo, omisión, reiteración o tomadura de pelo; hasta el año de sueldo e inhabilitación para ejercer cargo público ad perpetuum.
La disposición ha sido tomada con alborozo por todos los miembros de la sociedad española, y en especial por los dirigentes del PP, a los que les parece que la medida demuestra la regeneración que prometió su partido, a la vez que refuerza la indudable popularidad de su ministro estrella y progresista.
