Matteo Renzi, Primer Ministro Italiano, ha informado en rueda de prensa, que su ejecutivo va a crear una nueva legislación que actuará con extrema dureza contra aquellos cargos públicos que incurran en algún tipo de corrupción.
En Junio pasado tras el estallido de múltiples escándalos y tras el caso de corrupción internacional destapado por la Fiscalía de Nápoles que desveló: prostitutas en palacios privados; los palacios de justicia llenos de infiltrados; malversación de fondos públicos destinados a la prensa; extorsiones a cargos del Estado; favores a políticos en empresas públicas y privadas; regalos millonarios a cambio de provocar caídas de gobiernos; o sobresueldos a inspectores para no inspeccionar adjudicaciones o compra de parlamentarios. El Primer Ministro anunció que las medidas previstas como la pérdida de pensiones para cargos públicos condenados, le parecen insuficientes y que quien prevarique y se enriquezca, desde una posición política tendrá que afrontar, incluso, la Cadena Perpetua.
Dijo: “Lo primero que haremos será una distinción entre aquellos que roban por pura supervivencia y los que lo hacen para enriquecerse ostentando un cargo público. Para estos últimos la infracción no podrá prescribir, no tendrán derecho a fianza y su ingreso en prisión será inmediato, y su consecuencia penal deberá ser cuatro veces superior a la de aquel necesitado que robe para vivir. Con esta iniciativa tenemos que lograr que el mundo democrático empiece a serlo, y no sólo predicar, sino comenzar con acciones a crear ejemplo.”
Parece que Italia se empieza a preocupar de su corrupción, después de que se llegara a saber que un kilómetro de AVE italiano había oscilado entre los 74 millones del Roma-Napoles, y los 96,4 millones por kilómetro del tramo Bolonia-Florencia. Como referencia el kilómetro del Ave, Madrid-Valencia, costó 13,5 millones de Euros.
La Unión Europea ya se ha apresurado a afirmar que la iniciativa le parece un poco apresurada y populista, y teme que otros países puedan tomar el ejemplo y adoptarla. Y pide cautela y que se consulte a los Estados miembros antes de acometer reformas no avaladas por los organismos internacionales, y que puedan crear inestabilidad en la Eurozona.
